Treinta años después de la ley que debía protegerlo, el catalán es minoritario en muchos ámbitos

Termina el mes de abril con una nueva interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en contra del modelo educativo catalán de inmersión lingüística. Y, una vez más, han salido a la palestra las veleidades políticas de magistrados toscos y altaneros deseosos de protagonismo mediático. ¿Hasta cuándo debemos soportar la influyente insensatez de togados que pretenden imponer sus criterios ideológicos sobre la lógica pedagógica contrastada y admirada por las autoridades educativas europeas? ¿Cuándo terminará la transición democrática en el poder judicial?

Afortunadamente, cuando algún alto tribunal dicta una interlocutoria o sentencia en este sentido, todos los partidos políticos catalanes (excepto el PP y Ciutadans, que, por cierto, suman más diputados —28— que el número de familias que cuestionaron la inmersión lingüística —17—) se unen para apoyar sin fisuras el modelo educativo catalán, marcan líneas rojas y encienden juntos las luces de alarma en defensa de la lengua propia de Cataluña. Lástima que sólo lo hagan de manera reactiva y que no sean suficientemente proactivos, gobierno incluido, en la exigencia de una inmersión lingüística efectiva en todas las escuelas de Cataluña, porque de todos es sabido que todavía hay escuelas catalanas que no cumplen la Ley de Educación de Cataluña y que no aplican la inmersión lingüística.

Por desgracia, la inquebrantable unidad de los partidos en la defensa de la lengua catalana en el sistema educativo de Cataluña desaparece cuando se trata de defender esa misma lengua en otras actividades sociales donde su presencia es aún insignificante. ¿Por qué la normativa lingüística sigue teniendo un nivel de aplicación tan irrisorio? ¿Por qué cuando los políticos apelan al Estado de Derecho y exigen aplicar y acatar la normativa vigente siempre se olvidan de aquella que regula el fomento y la normalización de la lengua catalana?

Las graves consecuencias sociales de la crisis económica y la desorientación política de la sociedad inciden en la aceptación resignada de un ir tirando decadente de la lengua propia

Sin dejar el ámbito educativo, es sorprendente que la política lingüística universitaria se ocupe de crear titulares mediáticos sobre la exigencia del conocimiento de terceras lenguas por parte de los estudiantes (¿a qué coste?) en un contexto de asfixia económica de las universidades, cuando ni tan solo garantiza que los alumnos (y también los profesores) se expresen correctamente por escrito y oralmente en catalán, ni fomenta (por no decir que perjudica) la investigación y la publicación científicas en catalán. ¿Se imaginan un ministro de universidades francés, británico o alemán que no proteja la investigación en sus idiomas, que no garantice que sus graduados dominen sus respectivas lenguas o que tenga una expresión oral y escrita deficiente en su lengua propia? Pues así nos va.

Más allá del terreno educativo, resulta deplorable comprobar que treinta años después de la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística y tras tres lustros de vigencia de la Ley de Política Lingüística, la presencia de la lengua catalana sigue siendo minoritaria en los medios de comunicación y testimonial en las industrias culturales, en las relaciones económicas y en la actividad comercial, que son los ámbitos que pretendía normalizar la ley de 1998. Y si a éstos sumamos otros, como el judicial, donde el catalán es lengua hostil, la realidad nos ofrece un panorama lingüístico desolador que tiene como máximos culpables a los políticos y, en particular, a los que nos gobiernan.

En estas circunstancias, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Ir a contracorriente y a “contragobierno” y poca cosa más. Las graves consecuencias sociales de la crisis económica y la desorientación política de la sociedad inciden en la aceptación resignada de un ir tirando decadente de la lengua propia. Y, para mayor desgracia, las principales asociaciones de defensa de la lengua catalana, como Òmnium Cultural o Plataforma per la Llengua, han dependido en exceso de las subvenciones públicas, se han limitado a promover tímidas campañas de sensibilización y son incapaces de radicalizar sus demandas y de dirigirlas a los grandes responsables de las políticas lingüísticas inoperantes que se impulsan en Cataluña. Vilipendiada e indefensa lengua catalana.

Jordi Matas Dalmases es catedrático de Ciencia Política de la UB